• Parte de los afectados contaron, en reunión con la Comisión Provincial Chañaral, su experiencia con empresas mandantes.

Trabajadores y subcontratistas informaron a la Comisión Provincial Chañaral, del Consejo Regional de Atacama, la compleja situación que están pasando como consecuencia de la demora en los pagos que les adeudan empresas, de capitales españoles y otros, a cargo de entregan la energía que producen a Enel.

Marcos Araya, dueño de RCM Ingeniería y Construcción, que entrega servicios a una fotovoltaica de la empresa EIFFAGE, señaló a los Consejeros Regionales sobre la preocupación que tienen, debido a que no pueden pagarles a sus trabajadores, generándoles aumento en las deudas y arriesgando el capital invertido. Sin dejar de mencionar los compromisos con los prestadores de servicios alimentarios y de alojamientos para sus trabajadores.

Durante la reunión, el Presidente de la Comisión Provincial Chañaral, Gabriel Manquez, se refirió a que “es grave este hecho que está afectando a pequeñas y medianas empresas que abastecen a estos proyectos, en servicios, mano de obra y maquinarias, y que no están recibiendo el pago comprometido por las entidades responsables”.

La autoridad agregó además que “casos como estos se están visualizando en Diego de Almagro, donde existen varios proyectos fotovoltaicos a cargo de empresas externas. Por eso, como Comisión, hemos querido hacer pública nuestra preocupación con el propósito de frenar el incumplimiento y evitar que estás malas prácticas sigan poniendo en riesgo la permanencia de las pymes y otras. Haremos todo lo que esté a nuestro alcance para que esto se solucione y generar mayor rigurosidad en el control y fiscalización de las empresas que se ganan estos millonarios contratos de proyectos de gran envergadura pero que, pareciera ser, que no cuentan con una solvencia financiera requerida para ejecutar dichas iniciativas”.

ACUERDOS

Del mismo modo, los Consejeros Regionales presentes: Manuel Reyes, Alex Ahumada, Patricio Alfaro, Javier Castillo, Fernando Ghiglino y Alex Ahumada coincidieron en la necesidad de buscar mecanismos que protejan a los trabajadores y las pymes, generadores de mano de obra local y motor de la economía regional y nacional.

Además, la comisión acordó: colaborar con asesoría judicial a los afectados; coordinar una reunión con algunas empresas mandantes; visita a terreno con el Seremi de Medio Ambiente y; gestionar alternativas de solución con el delegado presidencial, en función de su potestad sobre las seremías del trabajo y de economía.

Los Consejeros Regionales señalaron, durante la reunión, que “es lo más irreverente para Chile que Atacama, que provee de gran parte de la energía fotovoltaica del país, haya tenido una escuela en Diego de Almagro durante 4 meses con un motor a diésel para entregar energía para su funcionamiento, por cuanto no se podía reparar unos generadores del colegio, o que pequeños negocios de alojamiento, alimentación, transporte de las pequeñas localidades queden endeudadas. Es irreverente porque Chile se jacta de generar una gran cantidad de energía limpia como ningún otro país y eso nos hace del primer mundo”.

Para los CORES es molesto que trabajadores chilenos y extranjeros deban olvidarse de los sueldos adeudados por meses por empresas españolas como EIFFAGE, que vienen a realizar la segunda conquista de América, por el no pago a una subcontratista como RCM. Los españoles saben que los llevaran a los tribunales donde estarán por años hasta que se cansen los trabajadores y ellos queden con las ganancias. Eso en realidad, expresaron los Consejeros, no es lo más importante para los gobiernos, para ellos es más relevantes los datos exitosos que nos deja superiores al resto de los países americanos.

Finalmente, cabe precisar que, la realidad que están viviendo empresas subcontratistas de servicios y otras, en Atacama, es una situación que también ha sido denunciada en regiones como Coquimbo, Antofagasta y Tarapacá, pudiendo haber más a lo largo del país. Se estima que serían más de 100 las pymes y empresas de mayor tamaño gravemente perjudicadas con el incumplimiento de pagos por parte de entidades mandantes a cargo de proyectos fotovoltaicos, eólicos o de subestación.